Considera que la suspensión del acceso a la Red corresponde sólo a un juez
El Consejo Constitucional, instancia suprema que garantiza la constitucionalidad de las leyes en Francia, declaró ayer ilegal la ley del Gobierno de Sarkozy que permite suspender el acceso a Internet a quienes intercambien archivos protegidos por derechos de autor.
Los miembros del Constitucional estimaron que la libertad de comunicación y de expresión enunciada por la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 implica "en relación al desarrollo generalizado de Internet", la "libertad al público en línea de acceder a los servicios de comunicación". Por lo tanto, precisaron que sólo una autoridad judicial tiene capacidad de restringir esa libertad. En consecuencia, la suspensión del acceso a la Red sólo incumbe al juez, determinaron.
Esta decisión es un serio revés para el Gobierno de Nicolás Sarkozy, quien defendió personalmente esa ley, la cual fue aprobada el 13 mayo por los diputados franceses después de un prolongado proceso parlamentario y de una gran polémica sobre el tema.
La HADOPI (Alta Autoridad para la Difusión de las Obras y la Protección de los Derechos en Internet) creada por la norma ilegalizada ahora, tenía facultades para advertir y sancionar a los usuarios de Internet que efectuaran descargas ilegales.
Ahora, el Ejecutivo galo deberá retirar la normativa y volver a redactarla ajustándola al dictamen del Constitucional, algo que se hará "rápidamente", según aseguró la ministra francesa de Cultura, Christine Albanel, quien propondrá a Sarkozy y al primer ministro, François Fillon, "completar rápidamente" la ley para que sea un juez el que tenga la última palabra a la hora de imponer sanciones a los internautas.
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